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POR LOS TRIBUNALES. Familiares de comunitarios no están obligados a demostrar medios económicos del ciudadano que les da el derecho a residir en españa

Juan Manuel Oliveros Rodriguez

abogado derecho penal y de extranjería

 

En recientes pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal superior del País Vasco y de la comunidad autónoma de la Generalitat que recogen a su vez el sentir jurídico del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional  de España; se deja por establecido que los ciudadanos de la unión europea no están obligados a demostrar que poseen recursos económicos para poder conceder derechos a sus familiares a efectos de que estos obtengan la residencia comunitaria en territorio español o la renueven.

así por ejemplo, si mi cónyuge o mi pareja inscrita es ciudadana de la Unión por ser nacional de algún estado miembro, yo tengo derecho a solicitar y a que se me conceda la residencia comunitaria o que la misma se prorrogue o renueve.

para ello debo acreditar algunos requisitos como el vinculo conyugal o la relación análoga a la conyugal y entre otros los medios económicos de que dispone mi cónyuge, sea en depósitos bancarios o en vínculos laborales acompañados de la respectiva alta en al seguridad social.

LO QUE CAMBIA

pues bien, lo que dicen los Tribunales es precisamente que esta exigencia de acreditar recursos económicos y constituir seguros médicos para poder solicitar una residencia comunitaria para el cónyuge, hijos, padres o familiares en cualquier grado de parentesco, de afinidad o civil, no es una exigencia legal porque la normativa de Bruselas no lo impone así.

El matrimonio (sea éste el que fuere, civil, administrativo o religioso) entre un ciudadano extranjero y uno es`pañol, ha de tener la misma connotación legal y de validez en igual de condiciones y derechos que el matrimonio entre dos ciudadanos españoles de origen español. es la primera conclusión que esgrimen los magistrados.

“De la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2010 y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión  y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que aquella se apoya; infiere que la residencia y libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea no esta sujeta a condiciones que resulten trasladables a los parientes de esos ciudadanos pertenecientes a estados ajenos a la Unión.”

añaden los Tribunales que “El ordenamiento español reconoce al padre, cónyuge e hijos, en tanto que sean españoles, la plena libertad de desplazamiento y residencia en España sin condicionante económico
alguno previo.”

Los artículos 10, 32, 39 y 53 de la Constitución Española permiten deducir que, entre otros pilares, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz social; y que se satisfacen, entre otros instrumentos, a través del derecho fundamental a la convivencia  y la protección de la familia en las facetas económica, social y jurídica.

la Sentencia 11° 186-2013 del Tribunal Constitucional recoge que “es jurisprudencia constitucional reiterada … que el “derecho a la vida familiar” derivado de los arts. 8.1 Comisión de Derechos Humanos  y 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es una de las dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar  y que su protección, dentro de nuestro sistema constitucional, se encuentra en los principios de nuestra Carta Magna  que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE ) y que aseguran la protección social, económica y jurídica
de la familia (art. 39.1 CE ) cuya efectividad, no puede desconocerse; lo que supone que los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar”.

NO A LA NECESIDAD DE ACREDITAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS

“Si bien los Estados miembros tienen la facultad de exigir que se acredite que el reagrupante dispone de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, dicha facultad debe ejercerse a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta, que obligan a los Estados miembros a examinar las solicitudes de reagrupación familiar en interés de los menores afectados y procurando también favorecer la vida familiar, así como evitando menoscabar tanto el objetivo de la citada Directiva, como su efecto útil.

Del Código Civil, interpretado a la luz de los preceptos constitucionales y doctrina antes referidos, se infiere que si una persona de nacionalidad y residencia española contrae matrimonio por la Ley española, con una persona extranjera, de un estado ajeno a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo y tienen hijos menores van a tener, entre otras, la obligación -que también es derecho- de residir juntos y de relacionarse entre sí, y todo ello sin condicionante civil alguno de naturaleza económica y/o laboral.

Tampoco, en el supuesto de que no contasen con trabajo o que el mismo se vea reducido o se haya perdido totalmente, no se causaría  ni la extinción del matrimonio ni mucho menos de la patria potestad ni de las obligaciones surgidas de uno y otra.

Añade la jurisprudenca que el manido artículo 7 y siguientes del RD 240 del que hace uso constante la administración para exigir medios económicos no es de aplicación para los ciudadanos españoles sino para los ciudadanos de otros estados de la unión que no sean españoles y en este caso a ellos si que se les exige acreditar medios de vida. todo ello porque “los españoles  como hemos dicho, son libres de entrar, salir, permanecer en España sin limite temporal alguno”

APLICACIÓN PRACTICA DE LA JURISPRUDENCIA 

Quienes carecen de residencia o teniéndola deban renovarla o prorrogarla por tener vínculos conyugales o análogos al conyugal o sean descendientes o ascendientes directos de ciudadanos españoles podrán exigir a la administración sus derechos sin que ésta este obligada a exigirle que acredite los medios económicos  o de vida de su familiar ciudadano de la unión,

en principio la administración procederá a denegarlo porque sus funcionarios se rigen por las instrucciones o protocolos de actuación administrativa que sin duda aun lo les autoriza pero en sede judicial le sera concedido con fundamento en lo que ya hemos expuesto en estas notas.

para contactar con el abogado y ampliar sus dudas, sus casos o dar una respuesta personalizada a su caso puede contactar con el email [email protected] o en la web www.abogadosconsultoria.eu o en el teléfono 656 86 63 56 

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