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Ley de Seguridad Ciudadana”
Ley de Seguridad Ciudadana

La mordaza del gobierno contra la libertad de expresión

El comisario de derechos humanos del Consejo Europeo, ha mostrado su preocupación contra la denominada “Ley de Seguridad Ciudadana” que pretende amordazar a la ciudadanía para que no pueda expresar en la calle su indignación, rechazo, e inconformidad con las medidas de recortes, impuestos, desempleo, carestía, ayudas, becas y asistencia socio sanitaria entre otros.

Opresión y Represión

El anteproyecto de ley prevé, multar las concentraciones de los ciudadanos no autorizadas con 300 mil euros, cantidad inferior a la propuesta inicial que fue disminuida para rebajar la oposición que ha generado la medida.

La ley contempla penalizar, los actos que supongan una ofensa a España, así como las vejaciones a los agentes de policía en sus actuaciones o la difusión de sus imágenes cuando éstas atenten contra su honor.

Lo que quiere decir que no nos vamos a enterar de las brutales palizas que las llamadas “fuerzas del orden” propician a los ciudadanos que se oponen a ser reducidos o tratados inhumanamente.

Así mismo, permite a la policía que interprete libremente lo que se pueda considerar como una “ofensa a España” a efectos de imponer la multa respectiva, dando facultades sancionatorias a este cuerpo administrativo y trasladando la competencia de los jueces de instrucción que son los encargados de judicializar estas conductas y de interpretar la ley.

De esta manera no valdría la intervención de la magistratura, sino el criterio propio y subjetivo del agente de policía; situación que nos lleva al deterioro del estado de derecho social y democrático del que presume España como monarquía parlamentaria y nos acerca a los gobierno dictatoriales y de extrema derecha que tantas secuelas siguen dejando.

Ofensas a España

El término nos avoca a una interpretación subjetiva, pues ofensa pueda constituir desde un estentóreo grito de rebeldía en las calles contra un deshumanizante desahucio, propiciado por un banco al que el estado ha entregado millones de euros de los ciudadanos para cubrir el dinero que los banqueros han usurpado, hasta un simple rechazo a la monarquía o una alegoría al rey.

En circunstancias como las anteriores los jueces no aprecian indicios de delitos puesto que estas actuaciones se enmarcan dentro de las libertades constitucionales de expresión, manifestación y reunión, siendo los detenidos puestos en libertad sin cargos. Sin embargo con la nueva ley, será la policía quien juzgue e imponga sanciones, según su criterio.

El proyecto ha recibido duras críticas por parte de los partidos de la oposición y las organizaciones sociales y no estatales, pues no se concibe  este tipo de restricciones como necesarias en una sociedad democrática, toda vez que la constitución y la ley prevén otros medios de proteger la seguridad del estado y el orden público sin interferir en el derecho a reunirse libremente.

Se aduce con preocupación, que la prohibición de registrar en imágenes las actuaciones de la policía, afecta directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en el evento en que transgredan los derechos de los ciudadanos, quedando sus actuaciones en total impunidad por cuanto se estría impidiendo que se aporten las pruebas y se castigue sus excesos.

Clases de Sanciones

Las infracciones serán muy graves y se multaran desde un mínimo de 30 mil euros hasta 300 mil. Las graves se sancionarán hasta con 30 mil euros y las leves hasta mil euros.

Lo que se pretende finalmente es que la ciudadanía, no se manifieste en la calle, no proteste, no agite la conciencia social, no exprese su indignación, tenga miedo a salir, acate dócilmente las imposiciones del gobierno, se resigne a que le cercenen sus derechos y le recorten sus garantías, guardando silencio cuando le impongan más impuestos y los hagan más pobres, puesto que estará prohibido protestar aún contra los corruptos que nacen de los mismos partidos que nos gobiernan. Todo ello en honor al denominado nuevo orden mundial.

De alguna manera, lo que sí constituyen ofensas a España, son la corrupción galopante que carcome la democracia, desde los escándalos de apropiación, amaño y disposición de dineros públicos en  la misma familia del rey, hasta los más sonados casos de Camps, Bárcenas, Cospedal, Matas y Fabra, pasando por los conciliábulos del presidente de gobierno con su tesorero y la contabilidad soterrada del partido de gobierno para defraudar la hacienda pública y cobrar dineros fuera de la ley. Sin embargo a ello no hace alusión la ley de seguridad ciudadana.

Juan Manuel Oliveros R

 

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