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Eliminando esas exigencias añadidas de solvencia económica, se aplicará la ley en condiciones de igualdad y no discriminación laboral
Eliminando esas exigencias añadidas de solvencia económica, se aplicará la ley en condiciones de igualdad y no discriminación laboral

Los Socialistas piden que no se exija solvencia económica para regularizar a los inmigrantes

Eliminando esas exigencias añadidas de solvencia económica, se aplicará la ley en condiciones de igualdad y no discriminación laboral

Eliminando esas exigencias añadidas de solvencia económica, se aplicará la ley en condiciones de igualdad y no discriminación laboral

Con el objeto de que los inmigrantes que estén ad portas de regularizar su residencia en España vía circunstancias excepcionales y aquellos que requieran renovar su autorización de permanencia temporal, no se vean abocados a una irregularidad administrativa, en tiempos de recesión económica, de desempleo y de destrucción de las puestos de trabajo; el Partido socialista ha presentado una proposición no de ley en el congreso de los diputados para que el gobierno no le exija a los empresarios o titulares del hogar familiar la acreditación de “suficiente solvencia económica” para garantizar la ejecución del contrato durante un año consecutivo de trabajo y el abono de las cotizaciones de la seguridad social.

Con la medida se pretende evitar la discriminación de los inmigrantes sin permiso de residencia, respecto al resto de los ciudadanos, en virtud de la situación caótica que atraviesa los empleadores y el deterioro de los ingresos de los hogares españoles.

De esta manera, eliminando esas exigencias añadidas de solvencia económica, se aplicará la ley en condiciones de igualdad y no discriminación laboral

Los ponentes señalan que los inmigrantes en una gran mayoría están trabajando de manera irregular por incapacidad de los empleadores de acreditar que disponen de rentas suficientes, lo que a su vez origina que no estén dados de alta en la seguridad social, situación que se controlaría eliminando estos requisitos.

En igual circunstancia se encuentran quienes deben de modificar su autorización de circunstancias excepcionales a residencia inicial, puesto que al no poder acreditar que sus empleadores cumplen con el mínimo de ingresos exigidos, se ven obligados a perder su permiso obtenido con el esfuerzo de tres años de permanencia irregular.

Recuerdan los socialistas que “cuando acuden a obtener el arraigo social, en muchos casos se les deniega porque el contrato de trabajo que aportan corresponde a un empresario que tiene alguna deuda con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública” lo cual es incompatible con el derecho de la empresa privada y del hogar familiar, de contratar para su servicio a la persona que le interese sin que tenga el gobierno que interferir en su decisión.

Contradicciones y Discriminación

Según denuncia el PSOE, la situación de solvencia del empresario afecta de forma directa a las posibilidades de regularización de los inmigrantes y la del alta en la Seguridad Social. Sin embargo, esa misma situación deudora no tiene efecto alguno para un español que pueda ser contratado por ese mismo empresario; consolidándose de esta manera una reprochable discriminación socio-laboral auspiciada por el mismo gobierno.

Por ello, la iniciativa socialista contempla que la inspección al empresario y el cumplimiento de sus obligaciones laborales con la seguridad social y la agencia tributaria,  no puede perjudicar a los inmigrantes que están trabajando y se encuentran en situación de regularizar su situación.

En ese caso, la solicitud por parte del empresario, de un aplazamiento de la deuda que tenga con la Administración, debiese ser suficiente para conceder el permiso o la renovación de la residencia al inmigrante.

Para los socialistas es difícil de entender que, con una Seguridad Social en déficit, a las personas que están trabajando irregularmente y quieren regularizar su situación cotizando a la Seguridad Social, “se les ponga inconvenientes porque el empresario no está al corriente en el pago de sus deudas con la Administración”.

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