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Las entidades denuncian la detención indiscriminada de extranjeros en situación administrativa irregular
Las entidades denuncian la detención indiscriminada de extranjeros en situación administrativa irregular

Organizaciones no gubernamentales se unen contra la detención masiva de inmigrantes

Las entidades denuncian la detención indiscriminada de extranjeros en situación administrativa irregular

Las entidades denuncian la detención indiscriminada de extranjeros en situación administrativa irregular

Contra lo que han denominado el “internamiento indiscriminado” de inmigrantes y su reclusión en los Centros de Extranjeros (CIE); se han organizado un importante número de organizaciones sociales entre las que se encuentra Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Andalucía Acoge, Asociación Profesional de Abogados de Extranjería, Movimiento contra la Intolerancia, SOS Racismo, Pueblos Unidos y Pro Igual, entre otras.

Las entidades denuncian la detención indiscriminada de extranjeros en situación administrativa irregular, sin valorar previamente sus circunstancias particulares y la existencia de otras medidas alternativas posibles, previstas en la Ley Orgánica de Extranjería.

 A su vez apuntan que los centros de reclusión de inmigrantes suelen ser lugares susceptibles de violaciones de derechos humanos por lo que la aprobación del reglamento de funcionamiento de estos centros, debe agilizarse, con el objeto de que se ponga en marcha cuanto antes las garantías constitucionales y los derechos de los inmigrantes privados de su libertad por carecer de un permiso administrativo.

El gobierno está preparando desde enero de 2012 el reglamento pero al parecer no es este uno de los temas que revista demasiada importancia, puesto que a un mes de completarse los dos años de trámites administrativos, no se vislumbra ningún borrador que ponga límite a las irregularidades que allí se presentan y que ha ocasionado la muerte de 12 extranjeros en lo que va del presente año, el último de ellos en la cárcel de Barcelona.

Numeros

Unas 50.000 personas de todas las nacionalidades han pasado por los CIE en los últimos tres años, esto es, cerca de 17 mil  cada año y 5.600 cada mes.

Otro importante número de extranjeros no son internados y son expulsados directamente desde las comisarías, privándolas de la libertad de forma excesiva y sin las cautelas y garantías previstas en la ley.

 Según datos de la defensoría del pueblo, por lo menos la mitad de las personas internadas en los CIE son finalmente expulsadas, lo que indica que la otra mitad son puestas de nuevo en libertad porque tienen arraigo socio-familiar en españa, constatándose que en la mayoría de los casos, la detención de estas personas no está ajustada a derecho.

Las organizaciones no gubernamentales, puntualizan que la privación de la libertad y el ingreso en los centros de reclusión de los inmigrantes “debe ser una medida excepcional, después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan explorado todas las medidas alternativas”.

Sin embargo se interna a personas vulnerables, refugiados, mujeres víctimas de trata de seres humanos, de violencia de género, menores de edad, progenitores con hijos españoles a su cargo y cónyuges de ciudadanos de la unión europea.

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